La pandemia hizo crecer el número de personas sin techo, quienes no tienen garantizados sus derechos más básicos y en muchos casos forman parte de grupos de riesgo. Qué políticas se están llevando a cabo, qué pasa en los paradores, las estadísticas poco fiables y los proyectos de ley que buscan cambiar sus realidades.
Esta semana el Censo que realizó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de las personas en situación de calle y las denuncias contra la metodología del mismo por parte de diferentes organizaciones volvieron a visibilizar – aunque sea un poco – la triste realidad que viven miles de vecinos de Capital y Gran Buenos Aires que día a día ven vulnerados sus derechos más básicos. Misma cruda realidad que a mediados de marzo dejaba en evidencia el caso de M, la niña de 7 años que fue secuestrada en Parque Avellaneda y encontrada en el partido de Luján, y que recrudeció debido a la crisis económica producto de la pandemia. En medio de la creciente ola de casos de Covid-19 y la llegada de las bajas temperaturas, ¿qué pasa con las personas sin techo, que no pueden cumplir con la consigna de “quedarse en casa” para evitar los contagios?
Estadísticas poco fiables
En Argentina, el nivel de intervención con las personas en situación de calle es muy dispar. En algunas localidades no existe ningún tipo de dispositivo para asistirlas; ciertas ciudades cuentan con diversas modalidades de asistencia básica (por lo general bajo responsabilidad de alguna iglesia u ONG); y otras lograron un mayor desarrollo en las políticas de atención. En determinadas zonas se realizan censos, aunque la mayoría carecen de estadísticas fiables. A su vez, el Estado nacional aún no asumió la responsabilidad de articular y sistematizar la escasa información disponible sobre esta problemática social. Es por eso que en este contexto desarrollar políticas efectivas es sumamente complejo.
Se estima que la Ciudad de Buenos Aires es la zona que más cantidad de personas sin techo concentra, algo tristemente habitual de las grandes urbes. En este marco, lleva adelante ciertas acciones, como la que realizó esta semana, aunque no estuvo exenta de polémica. El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, junto a la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad, llevaron a cabo durante la noche del pasado miércoles hasta la madrugada del jueves el Censo anual de personas en situación de calle en todo el territorio porteño, operativo del que participó también la Asesoría Tutelar. El objetivo de este trabajo que debe realizarse anualmente es identificar concretamente cuántas personas se encuentran viviendo en la calle y en los 32 Centros de Inclusión Social con los que cuenta la Ciudad, muchos de ellos gestionados por organizaciones de la sociedad civil. Cabe recordar que en 2020 el relevamiento no se realizó por las condiciones sanitarias, el ASPO y la incertidumbre provocada por la pandemia. El operativo contó con 74 móviles y más de 300 personas.
Sin embargo, pese a la publicidad que hace el Gobierno porteño de esta acción, organizaciones sociales y de derechos humanos acusaron al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de excluirlas del censo y de subregistrar la cantidad de personas en esta situación. Según denunciaron la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), «Proyecto 7», el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y el Movimiento Popular Nuestramérica, la Ciudad incumplió acuerdos sobre las políticas públicas destinadas a las personas en situación de calle y avanzó en el censo sin la participación de organizaciones e instituciones que trabajan con esa población y sin atender las recomendaciones realizadas por las mismas. El documento recuerda que en diciembre de 2020 se había firmado un acuerdo para conformar una mesa de trabajo para desarrollar en conjunto la metodología e implementación del censo dispuesto por la ley 3706/11 y para diseñar políticas públicas que sean efectivas. Las organizaciones subrayaron que en ese momento consideraron que «avanzar con la mesa era un paso importante para revertir la invisibilización de miles de personas en la información oficial, que fue lo que en 2017 llevó a la realización del Primer Censo Popular, tras el fallido intento de que el Gobierno porteño corrigiera su metodología de conteo«. «Los conteos que realizó el Gobierno de la Ciudad hasta el presente subregistraban a quienes efectivamente estaban en situación de calle, obviaban la población en centros de integración y dejaban de lado cualquier análisis cualitativo que pudiera servir para el diseño de las políticas integrales dispuestas desde hace una década en la Ley 3706«, añadieron.
Debido a estas diferencias en la metodología, los datos recolectados por las organizaciones, junto con la Defensoría del Pueblo porteña y la AGCBA, son totalmente diferentes a los oficiales. En 2019 el Gobierno porteño contabilizó 1.147 personas sin hogar, mientras que el censo popular arrojó 7.251 personas «sin techo”, de las cuales 5.412 dormían en la calle, 1.340 en establecimientos con convenios estatales y 641 en los paradores del Gobierno porteño. Cabe mencionar que eran al menos 871 niños, niñas y adolescentes y 40 mujeres embarazadas en esa situación. Muchas mujeres contaron que dejaron sus casas tras haber sufrido violencia, ellas o sus hijos, y no encontraron ninguna respuesta estatal de acompañamiento. Mientras que 802 personas afirmaron que la circunstancia que motivó su situación fue por la pérdida de empleo, 550 por incapacidad de costear una vivienda y luego diferentes razones vinculadas a conflictos de pareja, familiares o al consumo problemático de sustancias.
En cuanto a la problemática en la Provincia de Buenos Aires, los datos tampoco son precisos. Según el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, tienen identificadas 1.500 personas que viven en situación de calle en 17 municipios del total de los 135 que integran el territorio. Sin embargo, el relevamiento no es un censo sino que se obtuvo a través de consultas a los municipios de Avellaneda, Florencio Varela, Ituzaingo, Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, La Matanza, Esteban Echeverría, San Martín, Moreno, Merlo, Tigre, San Isidro, La Plata y Luján. “No tenemos instrumento censal. No tenemos relevamiento propio”, admitió a La Nación José Luis Zerillo, director provincial de Asistencia Social a las familias en situación de calle, área que administra un presupuesto de 94 millones de pesos. “Hay distintas realidades, programas municipales a través de defensa civil o derechos humanos. En cada caso hay acompañamiento distinto. Muchas se activan en invierno”, expresó. Los 118 municipios que aseguraron no tener gente viviendo en la calle no informaron tener programas.
Sin embargo, según el Colectivo Censo Sur, son 1.024 las personas sin hogar solamente en Lomas de Zamora y Lanús, de las cuales el 47 % son niños. Estos municipios reconocen lo complejo de la problemática. Desde Lanús aseguraron que estaba previsto en el presupuesto 2020 la construcción de un parador, pero las urgencias en materia de Salud llevaron a que priorizaran otras cosas, como el Hospital de Campaña levantado en Villa Jardín. El año pasado debieron hacer un parador en el Club 9 de Julio para personas en situación de calle y mayores de 60 años, aunque las organizaciones plantearon que es una muestra del problema general: falta capacidad, ya que tenía lugar para 10 personas y se ocupó la mitad. En tanto, desde la intendencia de Lomas informaron que «hay tres lugares que manejan ONG y el Municipio los asiste, además de hacer recorridas para ayudar a gente en situación de calle». Uno de estos lugares había sido armado en el gimnasio de básquet del club Temperley. Muchas organizaciones que trabajan día a día con estos sectores vulnerables ampliaron sus redes de apoyo, pero sus recursos son limitados.
La llegada de la pandemia
Como si la cuestión no fuera ya sumamente grave, la crisis económica se agudizó y la llegada de la pandemia a comienzos del 2020 trajo aún más dificultad. “Debe haber un 30% más de personas en situación de calle, muchas nuevas que no habían pasado por esta situación. Creemos que el gobierno anterior, la actual pandemia y algunas medidas no acertadas del gobierno actual, hacen que la pobreza haya crecido exponencialmente”, sostuvo en diálogo con Eso que Falta Horacio Ávila, co-fundador de Proyecto 7, organización que realiza actividades diversas destinadas al abordaje de las problemáticas de las personas en situación de calle desde una perspectiva integral, multidisciplinaria y colectiva. Con trabajos informales cortados, hoteles y propietarios que desalojaron a pesar de la prohibición oficial y paradores en los que hay “miedo al contagio”, las caras nuevas y la cantidad de raciones entregadas se multiplicaron en cada una de las ollas populares y repartos de viandas.
Además desde las organizaciones aseguran que hay complicaciones con el subsidio habitacional, que no está cumpliendo su función, es insuficiente y muy burocrático. Se retrasa y cuando llega ya los desalojaron. A su vez, como explican desde Sopa de Letras, hay mucha gente que ni siquiera tiene DNI o que no tiene los medios digitales para tramitarlo, lo que hace que no puedan ni siquiera intentar acceder a ayudas sociales.
Además, en medio de la pandemia de coronavirus, las personas en esta situación de calle son un colectivo especialmente vulnerable por problemas de salud preexistentes, la exposición a la intemperie y la mala alimentación. El 38,1% tiene afecciones preexistentes de salud, según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Asimismo, el 10% tiene más de 60 años, la edad con mayor tasa de mortalidad de Covid-19.
¿Qué acciones se están llevando a cabo en pandemia? La Ciudad de Buenos Aires tiene un programa de asistencia permanente llamado «Buenos Aires Presente» que funciona a través de la línea 108. Se asiste a las personas para que, en principio, vayan a uno de los 32 Centros de Inclusión Social y puedan estar a resguardo. Estos Centros, que a partir del inicio de la pandemia permanecen abiertos las 24 horas de los 7 días de la semana, actualmente cuentan con 2.492 plazas de las cuales 1.517 están ocupadas. En ese marco, las personas reciben las 4 comidas y tienen desde talleres de oficios y deportes hasta acompañamiento psicológico grupal e individual para lograr revinculaciones familiares y laborales. Además, en lo que va de la pandemia se realizaron más de 500 DNI para las personas que fueron alojadas. Hay distintos dispositivos: para hombres solos, para mujeres con niños o niñas, para mujeres solas y para familias. A su vez, durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, el Gobierno porteño habilitó nuevos centros como el Polideportivo Parque Chacabuco I y II, Parque Avellaneda, Parque Sarmiento, el Polideportivo Martín Fierro, Parque Pereyra, el Olímpico, Roca I, Roca II y dos destinados a personas mayores: Uspallata y Venialbo. En ningún momento de la pandemia los centros alcanzaron su capacidad máxima de recepción.
Sin embargo, esta disponibilidad de lugar tiene sus motivos. Además de las razones frecuentes que frenan a las personas de ir a los paradores (como el no querer perder su lugar y su estructura de pertenencias o mascotas con las que no pueden ingresar, querer permanecer junto a sus parejas, o por tener problemas de adicciones o psiquiátricos que no les permiten soportar el encierro), hay mucho miedo al contagio de coronavirus. «Todos los dispositivos tuvieron algún caso de Covid-19 y hay una idea de que es más seguro estar en la calle«, explicó el referente de la organización Proyecto 7. Cabe recordar que en mayo de 2020 el Gobierno tuvo que cerrar el parador Retiro porque 79 de las 92 personas que dormían allí se habían contagiado de Covid-19. Y más de tres meses después, casi la mitad de las personas sin techo testeadas en 26 de los 32 paradores y centros de integración dieron positivo, según un informe de la Procuración General porteña. A su vez, recientemente, en medio de la segunda ola de contagios, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) reveló a través de un informe que detectó “graves falencias” en el programa Buenos Aires Presente. La institución denunció la falta de paradores y las malas condiciones edilicias de los existentes, que no respetan las medidas de aislamiento y distancia social. Según detallan, hay centros en los que conviven alrededor de 150 personas.
Proyectos de Ley
Ante esta urgente necesidad de coordinar políticas tendientes a resolver esta problemática y que las miles de personas que la padecen puedan volver a gozar de sus derechos es que en los últimos meses se presentaron proyectos de ley sobre el tema, tanto en Provincia de Buenos Aires como a nivel nacional.
En la Provincia fue el senador del Frente de Todos Marcelo Feliú quien presentó una iniciativa para evitar la situación de calle. El proyecto, que ya había sido presentado por el abogado en su paso por la Cámara baja provincial, ahora se encuentra en estudio en la comisión correspondiente, pero en la otra Cámara del Legislativo bonaerense. La idea principal del mismo es garantizar la protección, promoción y restitución de los derechos de las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle, con el fin de crear condiciones de desarrollo equitativas para una vida digna. La iniciativa parlamentaria se presenta como un abordaje actualizado e integral de la ley 13.956, de 2011, de creación del Programa de Asistencia Integral para personas sin techo en la provincia de Buenos Aires, partiendo de que, como mencionamos, en la actualidad la provincia carece de datos y estadísticas sobre la dimensión y magnitud de la problemática. En este sentido, el proyecto en debate propone la realización de un relevamiento anual, que permita recopilar datos de utilidad para el diagnóstico y la toma de decisiones políticas eficientes.
A su vez, debido a que la situación de calle es uno de los estados de vulnerabilidad social más dolorosos, ya que quienes lo padecen suelen llegar a ese punto tras haber sufrido múltiples traspiés, incluyendo desempleo, adicciones, violencia familiar o trastornos psicológicos y/o psiquiátricos, la propuesta habla de realizar un “abordaje integral”, no sólo de las personas sin techo sino también de aquellas en riesgo de estarlo, abarcando las áreas de identificación, dinámica familiar, habitabilidad, trabajo, salud y educación. “Hay un especial énfasis en fortalecer las estrategias de intervención ligadas a la promoción social, desde el reconocimiento de las causas diversas y complejas de la problemática, como así también de los deseos y posibilidades de las personas que constituyen este grupo vulnerable, para impulsar la reconstrucción de los lazos afectivos de las personas en situación de calle en redes de cooperación y ayuda mutua”, explicó un especialista que colabora en la redacción final del texto.
Otros de los eslabones claves tienen que ver con promover el diseño de políticas de salud que atiendan las particularidades del contexto de calle para lograr una mayor eficacia en materia sanitaria; y también con el acceso al DNI, ya que el requisito de proporcionar información sobre un domicilio real como condición para la gestión y entrega del mismo es algo que no puede cumplimentar una persona sin hogar. “Se pretende que a través de esas políticas pueda garantizarse niveles mínimos de satisfacción de derechos, como el derecho al desarrollo, a la identidad, a la educación, el acceso a la justicia y a los servicios de salud y prestaciones sociales, el derecho a una vivienda digna y al trabajo fomentando la empleabilidad, entre otras cuestiones”, concluyó el legislador Feliú.
Con las mismas intenciones, el diputado nacional del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires Federico Fagioli presentó con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, un proyecto de Ley Integral para Personas en Situación de Calle, quienes “no tienen garantizado ningún derecho constitucional ni humano”.
Red Puentes, junto al MTE y Proyecto 7 participaron en el diseño de la iniciativa que propone la creación de un registro anual para medir cuántas personas en situación de calle hay a nivel nacional, un Sistema Nacional de Atención Telefónica articulado con un Sistema Nacional de Atención Móvil y una red de Centros de Integración Social. El objetivo de estos Centros de Integración es romper “con la lógica del parador al que entran a las 8 de la noche para salir a las 5 de la mañana y estar de nuevo en la calle. Estos espacios no brindan ninguna solución de fondo – explicó el legislador-, por eso lo que pretendemos es que sean lugares en donde las personas tengan un acompañamiento terapéutico, formación en oficios, contención psicológica, entre otros aspectos que cada realidad pueda necesitar”. El proyecto de ley también propone el trabajo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y una mesa conformada por el Ministerio de las Mujeres, el Ministerio de Hábitat y Vivienda, la Sedronar y las organizaciones sociales especializadas en los distintos aspectos que conforman la problemática. Con un amplio consenso construido, se continuará trabajando para dar los pasos necesarios para su pronto tratamiento, aprobación y, sobre todo, ejecución.
Vivir a la intemperie no significa solamente la ausencia de un techo o no poder acceder a una vivienda digna, sino que también supone dificultades para el acceso a otros derechos básicos como la salud, educación, un trato digno, a la vez que genera problemas para la inserción en el mercado laboral y también para poder establecer relaciones interpersonales. En un contexto de extrema pobreza y vulnerabilidad, aumentan las situaciones de marginalidad y exclusión. Más allá del coronavirus, cada año de cara a la parte más dura del invierno se ponen en marcha los “Operativos Frío” para dar un techo, al menos temporal, ante las bajas temperaturas, o un plato de comida caliente y una frazada. Pero la realidad es que lejos está de ser una cuestión invernal. Las personas sufren condiciones inhumanas todo el año, por lo que es necesario que las campañas sean permanentes. “Una persona en situación de calle es una persona a la que le faltan todos los derechos porque se los arrebataron – sostiene Fagioli –Esta problemática está invisibilizada y hasta se ha convertido en un paisaje. No podemos seguir permitiendo que la calle sea un lugar donde las personas vivan”.
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