Los datos son estremecedores. A pesar de la conquista de derechos, las diversidades sexuales siguen sufriendo discriminación y violencia. La desaparición de Tehuel pone en evidencia la vulnerabilidad de la comunidad trans, colectivo que tiene una esperanza de vida de entre 35 y 41 años. Las cifras en el país y el camino que queda por recorrer hacia la igualdad real.
Como te contamos en la primera parte de este Informe Especial de Quántica Radio (podés leerla haciendo click acá), en las últimas cuatro décadas de lucha los avances en el reconocimiento de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales, travestis e intersexuales fueron enormes, además de las transformaciones sociales. Y aunque el activismo por la igualdad y la libertad crece día a día en todo el país y en los últimos años también en el Gran Buenos Aires, todavía queda mucho por lograr. En esta segunda parte, el preocupante crecimiento de ataques a la comunidad LGBTIQ+ en el mundo durante la pandemia, los crímenes de odio en Argentina, lo que dejó en evidencia la desaparición de Tehuel, porqué se habla de igualdad legal y no de igualdad real y la importancia de la visibilización.
Ola de ataques en el mundo
Si bien como te contamos los avances en Argentina y muchos países fueron formidables, en otras partes del mundo los derechos de las diversidades sexuales continúan siendo fuertemente atacados. Incluso la crisis sanitaria producto del coronavirus profundizó en muchos lugares la discriminación y la desigualdad.
En medio de una pandemia, el acceso a la salud puede salvar vidas. Sin embargo, las personas LGBTIQ+ suelen tener dificultades a la hora de acudir a los servicios de salud, donde muchas veces son discriminadas. Sin ir más lejos, hace unas semanas murió una mujer trans en Colombia, Bogotá, con síntomas compatibles con el Covid-19 después de que los operarios de una ambulancia se negaran a atenderla. El impacto económico de la pandemia también las golpea fuertemente, ya que gran parte del colectivo trabaja de manera informal, tema que abordaremos especialmente.
Además la pandemia generó un aumento del discurso homofóbico y transfóbico. Un informe elaborado por ILGA-Europa reveló que las personas LGBT de diferentes países europeos y asiáticos sufrieron un aumento en ataques. Las agresiones verbales por parte de políticos aumentaron en países como Albania, Azerbaiyán, Bosnia, Bulgaria, República Checa, Estonia, Finlandia, Hungría, Italia, Kosovo, Letonia, Moldavia, Macedonia del Norte, Polonia, Rusia, Eslovaquia y Turquía, apuntó la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales en Europa en su informe anual. Los líderes religiosos en Bielorrusia, Grecia, Eslovaquia, Turquía y Ucrania también están acusados de promover un discurso de odio e incluso se denuncia que muchos de ellos alegan que las personas del colectivo están detrás de la propagación del Covid-19.
A su vez, según Human Rights Watch, en Uganda, la policía detuvo a unos 20 jóvenes LGTB sin hogar acusándolos falsamente de infringir las restricciones de coronavirus y los torturó. En Filipinas, funcionarios locales humillaron a personas de la diversidad mientras aplicaban el toque de queda. En Corea del Sur, los usuarios de las redes sociales los convirtieron en chivos expiatorios después de que algunos medios de comunicación relacionaran un brote con bares gays. En Panamá, la policía y los funcionarios de seguridad privada discriminaron a personas transgénero mientras aplicaban una cuarentena con criterios de género. A su vez, bajo Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos trató de hacer retroceder las reclamaciones de derechos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género, enviando una peligrosa señal a los gobiernos de todo el mundo de que tales derechos son desechables.
Mientras tanto, los gobiernos conservadores de derecha dura de Polonia y Hungría avivaron el sentimiento anti-LGTB en nombre de los “valores familiares”. Además de la legislación antitrans, Hungría prohibió las adopciones por parte de parejas del mismo sexo. El presidente de Polonia firmó una “Carta de la Familia” en la que se comprometía a bloquear el matrimonio homosexual, la adopción por parte de parejas del mismo sexo y la enseñanza de temas de diversidad sexual en las escuelas, y también fomentó el creciente número de autoridades locales que se declaran “zonas libres de LGTB”. Egipto se negó a reconocer los términos “orientación sexual” e “identidad de género” en absoluto durante su Examen Periódico Universal, el mecanismo de revisión por pares de la ONU, negando de hecho la existencia de las personas LGTB, al tiempo que las detenía de forma rutinaria. A su vez, tras un spot homoodiante que generó eco internacional, Vladímir Putin prohibió la semana pasada el matrimonio igualitario en la nueva Constitución rusa.
Mientras que en Latinoamérica la pandemia no logró tampoco detener la violencia contra el colectivo e incluso la incrementó. Según datos de Colombia Diversa, en dicho país se registraron 75 víctimas de homicidio de la comunidad LGBT en 2020, lo que significa 6 casos al mes y un homicidio cada 5 días. Pero estas cifras podrían ser mayores, ya que la Fiscalía aún no entrega la información completa a la ONG. Según informan, las restricciones impuestas en lugar de prevenir la violencia contra personas LGBT la exacerbaron porque muchas personas tuvieron que quedarse confinadas en espacios no seguros, como son muchas veces los hogares de sus familias; por ejemplo, se presentó el caso de una mujer trans que fue asesinada en su casa por su padrastro. La Policía también fue un actor determinante para aumentar las cifras de violencia contra la comunidad, ya que varias organizaciones denuncian que uniformados se escudaron en las medidas decretadas por la pandemia para atacar y lastimar a personas trans. Por su parte, Chile registró en 2020 un aumento del 14,7 % en casos de abusos contra las diversidades. La homofobia y la transfobia están disparadas en el país vecino, donde el año pasado se registraron 1.266 casos de abusos contra la comunidad LGBTIQ+, la cifra más alta desde que se tienen registros.
Crímenes de odio en Argentina
Pese a los derechos conquistados, Argentina lamentablemente tampoco está exenta de las agresiones a la comunidad LGBTIQ+. Para recolectar datos que visibilicen la violencia que viven cotidianamente en nuestro país lesbianas, gays, bisexuales y trans, en mayo de 2016 fue creado el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT por la Defensoría LGBT dependiente del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en articulación con la Federación Argentina LGBT y la Defensoría del Pueblo de la Nación. Desde el Observatorio entienden a este tipo de crímenes como un acto voluntario consiente, generalmente realizado con saña, que incluye, pero no se limita, a violaciones del derecho a la dignidad, a la no discriminación, a la igualdad, a la integridad personal, a la libertad personal y a la vida. Esta agresión tiene la intención de causar daños graves o muerte a la víctima, y está basada en el rechazo, desprecio, odio o discriminación hacia un colectivo de personas históricamente vulneradas y discriminadas.
Dentro de la comunidad LGBT es particularmente la población de personas trans en quienes se manifiesta con especial saña y de manera más brutal los crímenes de odio: tanto por la cantidad de ataques -en muchos casos legitimados por el mismo Estado a través de la violencia institucional de sus organismos, sus fuerzas represivas y del Poder Judicial-, así como también por los modos tortuosos de hostigar, perseguir, violentar y hasta de dar fin a sus existencias. En la región, de 23 países en América Central y del Sur, Argentina se encuentra sexta en cantidad de muertes de personas trans; cabe señalar el sub registro de muchos países producto del no reconocimiento de la identidad de género de las personas travestis, transexuales y transgéneros.
Según el último informe anual del Observatorio, que relevó los casos desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2020, durante ese periodo ocurrieron en Argentina 152 crímenes de odio, en donde la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de derechos y la violencia. Cabe destacar que estos datos no son exactos, ya que incluyen sólo aquellos casos que han sido relevados por los medios de comunicación o han ingresado como denuncias en la Defensoría LGBT, ante las organizaciones de la FALGBT o documentados por el CeDoSTALC, y únicamente permiten vislumbrar una realidad que es mucho peor de lo que sugieren los números. Además, encontrar los registros de las personas LGBT víctimas de crímenes de odio tiene sus dificultades, ya que, por ejemplo, no a todas las personas trans que son asesinadas se las registra como trans y se les respeta su identidad de género, y no todos los crímenes de odio de lesbianas, gay y bisexuales se visibilizan como tales.
Del total de las personas de la comunidad LGBT víctimas de crímenes de odio registrados en 2020, el 84% de los casos (127) corresponden a mujeres trans; en segundo lugar con el 12% (19) se encuentran los varones gays cis; en tercero con el 3% de los casos (4) le siguen las lesbianas; y por último con el 1% (2) los varones trans. De todos los crímenes de odio registrados, el 57% de los casos (86) corresponden a lesiones al derecho a la vida, es decir a asesinatos, suicidios y muertes por ausencia o abandono estatal histórico y estructural; y el 43% restante (66) corresponden a lesiones al derecho a la integridad física. La cantidad de casos de muertes por abandono y ausencia estatal histórica y estructural es imprecisa y sin dudas significativamente muchísimo menor a la real ya que estos no figuran en los medios y solo es posible acceder a ellos a través de la denuncia directa de familiares y mayormente de otras mujeres trans.
En cuanto a la distribución geográfica de los crímenes de odio producidos en Argentina, el porcentaje más alto -34,21%- ocurrieron en la provincia de Buenos Aires; le sigue en segundo lugar con el 14,47% la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; luego con el 8,55% la provincia de Córdoba; y posteriormente con el 6,58% Santa Fe. No es casual que los grandes centros urbanos concentren la mayor cantidad de casos del país, ya que es notable la migración de personas de la comunidad LGBT hacia estos, por el gran estigma y la exclusión que acarrea pertenecer a la diversidad sexual en ciudades más chicas. Cabe aclarar igualmente que en las provincias de Argentina con los porcentajes más bajos o inexistentes no hay necesariamente menos crímenes de odio, sino que hay un sub registro de estos debido a que en algunos territorios hay un menor desarrollo organizacional por parte de la sociedad civil y no hay quien se tome la tarea de denunciar y visibilizar estos casos como lo que realmente son.
Como concluyó el Observatorio, los números arrojan una realidad preocupante: la cantidad de crímenes de odio ocurridos en 2019 (177) implicaron un aumento significativo en relación a los casos relevados en el año 2018 (147), y en 2020, a pesar de la pandemia y el aislamiento social preventivo y obligatorio que implicó la mayoría de los meses del año la retirada del espacio público, la cantidad de casos (152) se mantuvo similar a 2019 y superior a 2018. Esto probablemente se debe a que las condiciones que generan estos crímenes de odio son estructurales, y su disminución y erradicación dependen de políticas públicas y acciones importantes que reviertan siglos de violencia y discriminación.
La realidad que evidenció Tehuel
Análisis aparte merece el caso de la desaparición de Tehuel de la Torre, el joven trans de 22 años que desapareció el 11 de marzo pasado y que llegó a los medios con muchas más demoras y vacilaciones que otros casos similares que ocurrieron este mismo año. Tehuel salió de su casa para ir a una entrevista de trabajo y no volvió. Antes le dijo a su familia que se encontraría en Alejandro Korn con quien más tarde sería imputado por su desaparición, Luis Alberto Ramos, de 37 años. Ramos le había ofrecido un trabajo como mozo. Días después, en la casa de Ramos se encontraron restos del celular y ropa del joven. Mediante la geolocalización de su teléfono se supo que llegó a las 19 a la reunión con Ramos y desde las 19:45 de ese día hasta las 0:30 del día siguiente su celular emitió señales en la zona donde vive el detenido. Con el correr de los días, la causa tuvo una novedad: otro detenido, Oscar Alfredo Montes, un chatarrero amigo Ramos. Hasta ahora ninguno de los dos quiso declarar.
Las marchas que reclaman por su aparición con vida fueron variadas (cortes de calle de autoconvocados, una marcha de antorchas organizada por la familia, acciones de partidos políticos) pero no multitudinarias. La difusión del tema -que adquirió fuerza en las redes y cuya presencia en la agenda mediática se debe al activismo- fue mucho más lenta e inconstante que la de otros casos con la misma gravedad. “Compartí como si fuese cis”, decía el flyer con firma de Fision Ciruja que acompañó la difusión de la búsqueda. En la mayoría de las manifestaciones se pedía saber qué pasó con Tehuel, pero también que se respete su identidad de varón trans, ya que algunos medios usaron el pronombre femenino para mencionar el caso.
Activistas sostienen que a la desaparición de Tehuel no se le da la visibilidad necesaria por ser un varón trans y que es parte de la violencia sistemática que sufren las personas trans en el país. “No tener un sostén económico nos lleva a trabajos inseguros, sufrimos la expulsión del hogar que empieza en la adolescencia, lo que lleva a ir perdiendo derechos, a la explotación laboral y a trabajar en condiciones clandestinas que nos exponen a crímenes de odio. Toda esa discriminación escalonada se puede evitar con apoyo familiar. Tehuel no pudo terminar el secundario”, sostuvo Lissandro Cottone Olmedo, integrante de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT). El caso dejó al desnudo las condiciones a las que se enfrenta el colectivo: la falta de trabajo, la exposición a la hora de buscar un ingreso y la falta de respeto a su identidad. Aunque el año pasado el presidente Alberto Fernández emitió un decreto mediante el que estableció el cupo del 1% para que travestis, transgénero y transexuales ingresen a trabajar al sector público nacional y a pesar de que este año ingresó al Congreso de la Nación un proyecto de Cupo Laboral Travesti-Trans, es imposible negar que hoy Tehuel no está, en gran medida, por las exposiciones y los riesgos que atraviesan las personas trans al momento de buscar empleo.
Más de 40 días pasaron y el joven no aparece. El caso se invisibiliza en los medios masivos de comunicación y pone en evidencia la vulnerabilidad de la comunidad trans en Argentina. Por eso, Amnistía Internacional exigió una investigación independiente, efectiva, imparcial y con perspectiva transfeminista; y que se lleve a los responsables de su desaparición ante la justicia.
Igualdad legal e igualdad real
El respeto a la vida de las personas supone poder desarrollar un plan de vida conforme creencias, ideales y objetivos personales. Tanto nuestro derecho interno como el internacional reconocen «el derecho de toda persona a no ser discriminado por razones de sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición». Esta garantía resguarda a todas las personas, independientemente de su orientación sexual y su identidad de género. En la opinión consultiva titulada «Identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo«, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que, de conformidad con el principio del libre desarrollo de la personalidad y de la autonomía personal, cada persona es libre y autónoma de seguir un modelo de vida, de acuerdo con sus valores, sus creencias, sus convicciones y sus intereses. La orientación sexual no puede significar nunca un obstáculo o una marginación para el acceso laboral, a la educación, la salud y el trato digno. La imposibilidad de acceder a cualquiera de ellos implica una violación al derecho a la vida en términos de dignidad de la persona. Asimismo, el respeto a la vida supone no infligir daños físicos, violencia o cualquier violación de derechos que vulnere la vida y la integridad física de las personas. Sin embargo, frente a la realidad que atraviesa la comunidad LGBTIQ+, el modelo de la igualdad formal se muestra insuficiente.
“El reconocimiento de nuestra identidad no se acaba en nuestro nombre o nuestro DNI, queremos elegir nuestros proyectos de vida y gozar de una ciudadanía plena. Necesitamos una sociedad que deje de excluirnos y marginarnos, necesitamos una sociedad donde podamos estudiar, tener proyectos y profesionalizarnos, y para eso necesitamos trabajo. Es hora de que el reconocimiento del Estado tenga en cuenta el valor de nuestra calidad de vida”, expresó Thiago Galvan, Secretario de Identidades Travestis, Trans, No Binarias e Intersex de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias, en referencia a la necesidad de votar una ley nacional de Cupo Laboral Trans que complete el DNU y que además contemple incentivos para que el sector privado incorpore personas trans. Como mencionamos, si bien en el país hay una estructura de reconocimiento de derechos muy importante en cuanto a temas de igualdad y de no discriminación, esta no es suficiente, ya que es muy difícil acceder a estos derechos porque las políticas públicas no están pensadas para ejercerlos en la vida real. En palabras del investigador de la ONG Human Rights Watch (HRW) especializado en derechos LGBTI en América Latina, Cristián Cabrera González: «la justicia social significa derechos formales pero también igualdad en un sentido no formal. Uno puede tener los derechos formales, pero eso no quiere decir que las personas LGBTI formen parte del tejido social en condiciones de igualdad”.
Los números demuestran que quienes más ven vulnerados sus derechos y sufren esta carencia de igualdad real en la comunidad LGBT son, otra vez, las mujeres trans. A lo largo de toda su vida son sometidas, por su identidad y expresión de género, a discriminación, estigmatización, hostigamiento, persecución, violencia física, violaciones, tortura y a otros abusos que en muchos casos terminan en muerte. Como explican desde el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, en general las violencias comienzan a una edad muy temprana con la expulsión del hogar causada por los prejuicios de la propia familia y ubica a las mujeres trans en una situación disminuida para encarar cualquier proyecto de vida por falta de recursos materiales y por ende el debilitamiento de la red primaria de contención material y afectiva. “Este extrañamiento forzado del hogar –sumado a la discriminación institucional- implica, en la mayoría de los casos, la exclusión del sistema educativo, cuyas consecuencias son reconocibles a lo largo de la vida y tiene un impacto directo en las oportunidades laborales de esta población. La discriminación en el mercado laboral responde al funcionamiento de una doble matriz de exclusión. En muchos casos, las personas trans son excluidas debido a su falta de educación formal. Pero aun cuando han tenido estudios –incluso universitarios- suelen ser discriminadas en el acceso al empleo en virtud de su identidad y expresión de género –es decir, porque son trans. Esta exclusión sistemática es una de las principales razones para que esta población no acceda a sus derechos humanos más básicos e inalienables y sea un constate flanco de situaciones de violencia, lo que afecta negativamente cada ámbito de sus vidas”.
Como consecuencia de esta exclusión del mercado laboral, el 90% de las mujeres trans subsiste ejerciendo el trabajo sexual, según datos de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (ATTTA). Como trabajadoras sexuales, estas mujeres están predominantemente expuestas a la violencia machista, que muchas veces toma la forma de violencia policial. Sometidas a tres dimensiones de opresión por su condición de mujeres, trabajadoras sexuales y trans, este colectivo tiene una esperanza de vida de entre 35 y 41 años.
Ante este desolador panorama, cae en el Estado la obligación de implementar mecanismos de tutela particulares que logren alcanzar el equilibrio social. El punto de acuerdo de numerosos expertos es la educación y su poder transformativo, entendiendo que la escuela debe ser un ámbito en el que se respete la personalidad de cada niño, niña y adolescente. Para ello, desde distintas organizaciones piden la efectiva aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral en todos los establecimientos educativos, estatales o privados, sin importar la orientación religiosa, entendida como un proceso que busca fortalecer la capacidad de las personas para asumir una vida plena en relación a su sexualidad, con valores que fomenten la igualdad y la no discriminación.
La importancia de la visibilización
“Lo que no se nombra no existe” dice una famosa frase. Y, para muchos activistas, es justamente la visibilización una de las herramientas más poderosas para lograr que la sociedad sea más incluyente. Para ello se llevan a cabo constantemente diferentes acciones, ya sea la ya mega famosa “Marcha del Orgullo”, hasta intervenciones en espacios públicos como muestras artísticas, reparto de folletería, charlas o colocación de mesas para brindar información. “Es interesante saber que está habiendo organizaciones políticas que se atreven a hacer murales en conjunto con los íconos. Por ejemplo, Florencio Varela es muy peronista, entonces dibujan las figuras de Perón, Eva, Néstor, Cristina, las Abuelas, y conjuntamente con eso se dibujan figuras icónicas ahora del movimiento de diversidad sexual, como Claudia Pía Baudracco, Diana Sacayán o Lohana Berkins”, cuenta el presidente de Varela Diversa, Marcelo Marquez, a Quántica Radio. “Todo lo que sea tareas de concientización va a favorecer siempre al reconocimiento y al respeto de las diversidades y por lo menos aquellos que no quieran entenderlo que ya no tengan tanta impunidad para atreverse a discriminar y a generar violencia sobre nuestra gente”, agrega.
Para Esteban Paulón, Director Ejecutivo del Instituto de políticas públicas LGBT+, el foco debería estar en la dignidad de las personas y en naturalizar la diversidad: “La naturaleza es que seamos diversos, diferentes, y hay que trabajar para que esa diferencia, esa diversidad que vivimos y expresamos, no sea un menoscabo en el ejercicio de nuestros derechos”.
La visibilidad siempre ayuda a derribar las barreras culturales y a erradicar el estigma y los prejuicios. Las diversidades sexuales hace tiempo que vienen luchando por una sociedad más igualitaria con enormes logros, pero todavía queda mucho camino por recorrer.
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