A días de un nuevo #8M, Quántica Radio presenta un Informe Especial sobre este flagelo que afecta diariamente a muchísimas mujeres durante el embarazo, parto y post parto. Dé que se trata esta violencia naturalizada, casos para reconocerla, qué dice la ley y las preocupantes cifras en el país.
La violencia de género puede adoptar diversas formas. El femicidio es la expresión más extrema, pero también existen otras modalidades de violencia contra la mujer que se naturalizan de tal manera que muchas veces ni las propias víctimas reconocen que están siendo vulnerados sus derechos. Especialistas afirman que la más extendida e invisibilizada es la que sufren las personas gestantes con los profesionales de la salud en un momento de gran vulnerabilidad como es el embarazo, parto y post parto. Estamos hablando de violencia obstétrica, problemática de larga data que, a pesar de las leyes que la reconocen, no para de sumar casos en el país y hasta aumentó durante la pandemia.
La mayoría de las personas con capacidad de gestar no saben en qué consiste la violencia obstétrica, y muchas veces ni que existe. Es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de procesos naturales, de conformidad con la Ley Nacional N° 25.929 de Parto Humanizado. Se puede ejercer en cualquier momento del proceso reproductivo y se manifiesta mediante prácticas, conductas, acciones y omisiones que el personal de salud realiza de manera directa e indirecta, en el ámbito público y privado. Estas situaciones de intervenciones innecesarias, humillaciones y degradación impactan directamente sobre la integridad y dignidad de las mujeres. Es un aspecto silenciado de la práctica médica. De hecho, no hay datos oficiales de casos de violencia obstétrica. Según un relevamiento del Observatorio de Violencia de Género, a 7 de cada 10 mujeres que tuvieron partos entre 2015 y 2018 les rompieron artificialmente la bolsa a pesar de que esa es una maniobra que no ha demostrado tener beneficios y conlleva riesgos. Además, un 74% de las encuestadas reportó haber sufrido maltrato físico o verbal de parte del equipo médico.
Julieta Saulo, fundadora de la agrupación Las Casildas, señala que la violencia obstétrica es mucho más que un tema de dramáticos índices de “cortes” (gran cantidad de episiotomías), del excesivo uso de fármacos (por los partos medicalizados) y de intervenciones injustificadas (como tactos vaginales innecesarios). “No es un problema médico ni científico, sino que se trata de un asunto cultural y político. Lo que sucede durante la atención obstétrica dominante (anticoncepción, embarazo, situaciones de aborto, partos/cesáreas y postpartos) no es otra cosa que el reflejo de una realidad a la que las mujeres se ven expuestas cotidianamente, pero con el volumen rozando el máximo”, escribe en un capítulo del libro Salud feminista, publicado en 2019 por Editorial Tinta Limón. La violencia obstétrica no es natural ni tiene porqué existir. Pero existe por la cultura machista. Los datos muestran que lejos de ser un fenómeno aislado, se encuentra extendida y naturalizada por médicos y pacientes y es practicada de forma sistemática por parte de los profesionales de la salud.
“En 2014 estaba embarazada de mi primer hijo. Tenía fecha de parto para las Fiestas. El primer viernes de diciembre fui a un control semanal con mi obstetra y me dijo que me esperaba el lunes siguiente a las 11:00 para internarme en una clínica de Once. No me explicó el porqué. Fuimos con mi marido, llegamos 11:30 porque había un caos de tránsito. Cuando me ingresan una partera me empezó a retar, que ‘cómo podía ser que llegara tarde el día más importante de mi vida’. A mí nadie me había dicho que iba a tener al nene”, comienza relatando Jazmín a Quántica Radio sobre lo que sería una jornada agobiante de malos tratos y violación de sus derechos. Y continúa: “me suben a la habitación y a eso de las 13 hacen salir a mi pareja porque me tenían que preparar. Ahí me ponen una intravenosa, me llevan a un cuartito con dos camas y me ponen el goteo súper doloroso para inducir un parto. Obviamente yo no tenía contracciones ni nada. El goteo no tenía finalidad porque no iba a dilatar nunca, yo estaba de 38 semanas y no tenía embarazo de riesgo ni nada. No entendía por qué estaba ahí, pero como era madre primeriza no sabía qué pensar”. Sucede que, como es sabido, en la relación médico paciente se establece una relación de poder: es difícil animarse a cuestionar, dudar, sugerir o contradecir lo que nos dicen los profesionales. “Venían cada una hora más o menos. No tenía celular ni nada, estaba completamente incomunicada, tanto con mi marido como con el resto de mi familia. Cada vez que me venían a hacer tacto era muy doloroso porque el útero no estaba preparado para que naciera mi hijo. Encima mi obstetra no estaba, llegó más tarde. En un momento viene la misma partera y me dice ‘a esto hay que acelerarlo un poco’ y me rompe la bolsa para ver si dilataba. Más de 2 cm no llegué a dilatar nunca. El bebé no estaba para salir. Igualmente a eso de las 18 me llevan a la sala de parto y me hacen entrar en trabajo de parto, ahí recién lo dejaron entrar a mi marido. En las cinco horas anteriores nadie sabía si el nene había nacido, si estábamos bien… Nadie sabía nada de mi como yo tampoco nada de afuera”. Fue en este contexto de total violación a sus derechos que le dieron la epidural y le dijeron que ellos le iban a avisar “cuando yo tuviera las contracciones para poder pujar mejor. Pujaba pero el nene seguía sin moverse, hasta que decidieron que había que hacer cesárea”. “Mi nene nació bien de salud. Pero no lo dejaron llegar a término, por eso mi cuerpo no estaba preparado para tenerlo. El motivo por el que me lo adelantaron nunca me lo dijeron. Yo tenía fecha de parto para Navidad y mágicamente la primera semana de diciembre me lo hicieron tener de la nada. No me dieron justificación porque no había riesgo ni para él ni para mí”, se lamenta hoy.
Historias como la suya se repiten casi a diario a lo largo y ancho del país. Aunque no es algo nuevo. Son décadas – o más bien siglos – de violencia obstétrica. El caso de Liliana ocurrió hace 30 años. “El 15 de marzo a eso de las 9 de la noche me sentía muy mal, con muchos dolores. Estaba totalmente en fecha y recurrimos a la clínica que nos correspondía por la Obra Social. El obstetra que me atendió desde el comienzo del embarazo justo se había ido a un congreso. Me revisaron en el sanatorio, me dijeron que estaba con trabajo de parto y me ingresaron. Yo era primeriza y dijeron que hombres no se podían quedar, entonces llamamos a mi mamá para que me acompañe. Pero resulta que cuando llegó no la dejaron entrar a la habitación así que yo estuve sola toda la noche con trabajo de parto. Las enfermeras iban y venían y mi mamá en la sala de espera”, cuenta a Quántica Radio. El poder estar acompañadas por quienes decidan hoy es un derecho fundamental en los procesos reproductivos, aunque muchas veces sigue siendo vulnerado. “Pasé una noche pésima. Había un doctor y cada tanto venía y me decía que faltaba. Yo le decía que me dolía mucho, que estaba mal, y su respuesta era ‘bueno, te estás lastimando el cuello del útero. Trata de no lastimarte, no hagas fuerza’. Y se iba. Así estuve desde las 11 de la noche hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Nadie me ayudaba. Me sentí totalmente sola y abandonada”, recuerda. “Después tipo 7 me llevaron a sala de parto, en la cual me dejaron en la camilla, otra vez sola. No me atendieron para nada y después vinieron y me dijeron ‘apurate que se termina nuestro turno’. Jamás me dieron calmantes ni nada. Yo sentía que no podía más de los dolores, no tenía fuerza. Se ponían a charlar de otros temas entre el médico y las enfermeras y después me apuraban. De golpe en una de las revisaciones aparentemente hicieron un monitoreo y dijeron que había que ir a cesárea porque la bebé se ahogaba. Me llevaron antes que termine su turno… No fue la cesárea horizontal sino la vertical en toda la panza y no dejaron que me acompañe mi marido”. La nena salió ahogada y a pesar de la desesperación de Liliana por verla, tardaron cuatro horas en acercársela. Según nos cuenta, en el piso de maternidad todas las chicas estaban con cesáreas, menos una mujer que fue a tener su quinto hijo e hizo un escándalo importante cuando le quisieron hacer dicha intervención. “Después de todo el susto, el miedo y el dolor, a pesar de la alegría de tener a mi bebé, yo sentí que había sido muy desprotegida y había tenido una experiencia muy traumática. Si no hubiese sido por mis ganas de tener realmente más hijos, con esa experiencia no hubiera tenido más”. Junto a su marido decidieron elevar una nota a la Obra Social por el maltrato y al poco tiempo la misma dejó de trabajar con ese sanatorio porque reunía numerosas quejas. Tiempo después el Sanatorio Avellaneda, que estaba en la calle Avellaneda casi Concordia de la Ciudad de Buenos Aires, terminó cerrando, más rápido que las cicatrices de las mujeres que debieron soportar la violencia obstétrica ejercida por su personal.
A pesar de los avances en materia de reconocimiento de derechos en los últimos años, estos casos no paran de repetirse. Incluso subieron durante la pandemia de coronavirus. Según la asociación civil Vos Podés, que funciona en La Plata desde 2012 y se encarga de asesorar y acompañar a mujeres que sufren violencia obstétrica, desde el comienzo de la pandemia aumentaron las denuncias: “Más que nada, por la falta de permiso para el acompañamiento y por hacer cesáreas ‘por las dudas’, para despachar. Porque el trabajo de parto es un proceso fisiológico, lleva su tiempo, y para no esperar con gente circulando dentro de las instituciones se termina recurriendo a esa intervención”. En el mismo sentido, un relevamiento realizado por asociación Las Casildas para conocer en qué condiciones están pariendo las mujeres en este contexto reveló que el índice de cesáreas e inducciones aumentó a 57%, cuando en 2015 la cifra era de 47%.
Un claro ejemplo de las violaciones de derechos de manera pública en pandemia tuvo lugar en el Hospital Penna en Capital Federal, que el 28 de marzo publicó en su página de Facebook que «a fin de extremar las medidas de prevención» suspendían el ingreso de padres varones a los nacimientos por cesárea. Esto pese a que la ley de parto respetado que rige en Argentina especifica que toda mujer tiene derecho «a estar acompañada por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto, parto y postparto».
Las instituciones, tanto públicas como privadas, deciden cómo accionar frente a una mujer que llega a parir mediante los distintos protocolos. Sin embargo, las normas internas de cada institución no pueden impedir el ejercicio de un derecho garantizado por la ley.
Cifras
En el año 2016, el Observatorio de Violencia Obstétrica dio a conocer las estadísticas que se obtuvieron a partir de la realización de encuestas en su página web. Algunos de los datos que recogió la revista Cosmopolitan:
• Falta de acompañamiento: Se deja a la mujer sola, sin interlocutores de confianza ni testigos de lo que le sucede en su internación. Durante el trabajo de parto, el 25% de las mujeres estuvieron totalmente solas; durante el parto, un 36%; y durante la etapa de posparto, el 20%
• Maltrato: El 28% fue criticada por los médicos; un 56% fue tratada con sobrenombres; un 30% recibió comentarios irónicos o descalificadores; a un 36% las hicieron sentir que corrían peligro ella o su hijo/a; y un 47% no se sintió contenida.
• Falta de información: El 44% de las mujeres no fue debidamente informada sobre la evolución del trabajo de parto o su bienestar ni del de su bebé.
• Cesáreas: El 46% tuvo a su hijo por cesárea, siendo el porcentaje estándar de la OMS un 12-15%, de las cuales 39% fueron programadas. Dentro de este número, el 54% de las madres eran primerizas. Existe un mayor índice de cesáreas en el sistema privado, que se eleva hasta el 64%.
• Rotura artificial de bolsa: El 70% de las encuestadas no recibió información clara, adecuada y completa y por ende no dio su autorización.
• Inducción del parto: El 29, 7% de las encuestadas tuvo un parto inducido, siendo el porcentaje estándar de la OMS menor a 10%
• Anestesia: El 36% de las mujeres fueron anestesiadas sin haberlo solicitado.
• Prácticas sobre el/la bebé: El 74% de las mujeres no recibieron suficiente información sobre las prácticas que realizaron sobre su hijo, por ende tampoco dieron autorización para realizarlas. Aproximadamente el 45% de las mujeres no sabe o no recuerda qué prácticas fueron hechas sobre su hijo.
Qué dice la ley
Aunque la vulneración a esos derechos es algo cotidiano, Argentina es uno de los pocos países del mundo que tiene una ley para proteger y respetar el parto y el nacimiento, además de reconocer con jerarquía constitucional tratados internacionales.
La reforma constitucional de 1994 incorporó diferentes instrumentos legales internacionales sobre Derechos Humanos, entre ellos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), que en su artículo Nº12 sostiene que “los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia”. Y continúa estableciendo que “garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia”.
Por otro lado, la “Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales” (26.485), sancionada en 2009, define la violencia contra las mujeres y enumera a la obstétrica como una modalidad en su artículo 6, inciso “E”. El mismo refiere a su vez a la Ley 25.929, conocida como la Ley de parto humanizado. Sancionada en 2004, es la que establece en su artículo 2 los derechos “de toda mujer, en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto”, tales como:
- a ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que pudieren tener lugar durante esos procesos de manera que pueda optar libremente cuando existieren diferentes alternativas;
- a ser tratada con respeto;
- a que se facilite su participación como protagonista de su propio parto;
- al parto natural, respetuoso de los tiempos biológico y psicológico, evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados por el estado de salud de la parturienta o de la persona por nacer;
- a ser informada sobre la evolución de su parto, el estado de su hijo, y, en general, a que se le haga partícipe de las diferentes actuaciones de los profesionales;
- a no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación, salvo consentimiento;
- a estar acompañada, por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto, parto y postparto;
- a tener a su lado a su hijo o hija durante la permanencia en el establecimiento sanitario, siempre que el recién nacido no requiera de cuidados especiales;
- a ser informada, desde el embarazo, sobre los beneficios de la lactancia materna y recibir apoyo para amamantar;
- a recibir asesoramiento e información sobre los cuidados de sí misma y del niño o niña;
- y a ser informada específicamente sobre los efectos adversos del tabaco, el alcohol y las drogas sobre el niño o niña y ella misma.
Conocer estos derechos sin dudas es clave para que las personas gestantes puedan defenderse ante las situaciones de violencia.
Obtención de justicia
Pese a las leyes, obtener justicia en los casos de violencia obstétrica en el país es por demás complejo. Es que la ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres incorpora a la violencia obstétrica, pero no contempla sanciones específicas. La CONSAVIG (Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la elaboración de Sanciones de la Violencia de Género), perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, fue creada en 2011 y su tarea es articular a nivel nacional, provincial y municipal con todos los poderes para coordinar acciones que contribuyan en el diseño de sanciones contra la violencia de género. Desde principios de 2017 que la Comisión recibe denuncias por violencia obstétrica, pero las mismas son registradas principalmente con fines estadísticos para contribuir a la visibilización de esta modalidad de violencia.
«Todo trámite es online. Hice la denuncia ante la Consavig. Allí me derivaron al Inadi, pero no pasó nada. También a la Defensoría del Pueblo de la Nación y me derivaron al Ministerio Público Fiscal. El sanatorio presentó un equipo de abogados que negaron todo. Yo no tenía abogado, a pesar de buscar, ni plata para pagar uno«, explicó la primera argentina víctima de violencia obstétrica que llegó a la ONU en noviembre pasado en busca de una reparación. El pedido lo hizo junto a la ONG Las Casildas y el equipo de litigio en derechos humanos de Justicia y Reparación ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). La petición justamente se solicitó a causa de la imposibilidad de acceder a la justicia en el país. A nivel internacional sí se logró dictamen, ya que por primera vez la ONU emitió en marzo del año pasado una condena por violencia obstétrica contra España: condenó al Estado a indemnizar a una mujer que fue sometida a diez tactos vaginales y una inducción innecesarios.
Por otro lado, al querer reclamar estos derechos ante la Justicia, en Argentina la víctima se encuentra con el problema de que no existen prácticamente antecedentes. Un caso emblemático fue el de Agustina Petrella que ocurrió en 2014 e inició un juicio en 2017 luego de un derrotero de denuncias administrativas. Fue la primera persona en ganar un juicio por violencia obstétrica en el país: demandó a la neonatóloga y obstetra que la atendieron, a la obra social y a la clínica en la que nació su hija. Pese a las dificultades, Agustina arenga a denunciar la violencia obstétrica “ante la Defensoría del Pueblo que abre un expediente con el traslado no solo a las partes denunciadas sino también a la Procuración General, a los Ministerios de Salud, a la Superintendencia de Servicios de Salud; y en cada uno de estos organismos se abren distintos expedientes”.
La falta de cifras oficiales sobre los índices de medicalización e intervención de rutina que se realizan en los nacimientos y el trato deshumanizado que muchas mujeres reciben diariamente no permite dimensionar el alcance de este flagelo. Está claro que la violencia obstétrica es una forma de violencia de género basada en creencias, valoraciones y prejuicios. Su prevención, erradicación y sanción requieren un profundo cambio social, además de la necesaria formación de los profesionales de la salud con un enfoque de derechos y de género. Hablar sobre ella, informar sobre los derechos de las personas gestantes, sacarla a la luz, son los primeros pasos para erradicar este tipo de situaciones y que los derechos de las mujeres dejen de ser solamente palabras formales en un papel.
Si sufrís o sufriste violencia obstétrica podes denunciar en las siguientes líneas telefónicas:
*Consejo Nacional de Mujeres: línea 144
*Ministerio de salud: 0800-222-3444
*Defensoría del Pueblo: 0810-333-3762
*CONSAVIG (011) 5300-4000 (int. 76633) (correo electrónico consavig@jus.gov.ar)
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